Procuraduría abrió indagación preliminar al Alcalde de Ibagué, Directora de Cortolima, un concejal y hasta el presidente del Concejo de Ibagué.

Política 


La Procuraduría General de la Nación (PGN) mediante un comunicado de prensa informó que abrió indagación preliminar en la ejecución de los contratos de la Gobernación del Tolima para la compra de compra de mercados, kits de aseo y difusión del covid-19, contratos que suman más de $11.5000 millones de pesos.
La PGN determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias en los procesos contractuales No 0493 del 26 de marzo del 2020 por valor de $1.200 millones de pesos, el contrato No 0494 del 26 de marzo de 2020 por valor de $5.500 millones de pesos y el contrato No 0531 del 1 de abril de 2020 por $5.000 millones de pesos.

La indagación preliminar busca establecer si se presentó algún tipo de sobrecostos e irregularidades jurídicas en los mencionados contratos.
“Así mismo, “la Procuraduría inició proceso disciplinario en contra del presidente del Concejo Municipal de Ibagué, Cesar Eugenio Franco Agudelo, por presuntas irregularidades en la entrega de mercados a las familias vulnerables de la ciudad, ya que, según denuncias presentadas al órgano de control, el cabildante habría servido de intermediario para direccionar las ayudas a personas conocidas.” PGN
Igualmente, el órgano de control abrió indagación preliminar contra, el Alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, la Directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso Lanini, y el Concejo de Ibagué por el Partido Conservador Colombiano, Brayan Alfonso Escadón, por la presunta violación al decreto de aislamiento preventivo obligatorio del Gobierno Nacional, al participar del cumpleaños del exgobernador Barreto.
Finalmente, la PGN afirmó “La Regional Tolima indaga a los funcionarios porque al parecer trasgredieron las disposiciones legales de aislamiento preventivo obligatorio dictadas por el Gobierno Nacional, con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del covid-19, así como las medidas tomadas por las autoridades de Ibagué y Tolima para conjurar la pandemia, entre ellas la restricción a las reuniones y a la movilidad de los ciudadanos, permitiéndose únicamente el desplazamiento en situaciones excepcionales.”

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